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994 audiencias preliminares realizaron tribunales del país en una semana

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, con el objeto de continuar garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso a los ciudadanos y ciudadanas del país durante la pandemia por COVID-19, en el lapso comprendido entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre se efectuaron en el Área Metropolitana de Caracas y en 13 estados del país un total de 994 audiencias preliminares en materia penal, en las que fueron atendidas 1.662 personas.

Se realizaron en el Área Metropolitana de Caracas 62 audiencias, en las que fueron atendidos 84 detenidos; 2 audiencias en el estado Amazonas, donde se atendieron a 4 detenidos; en el estado Bolívar se desarrollaron 64 audiencias, siendo atendidas 169 personas, mientras que en el estado Carabobo se atendió a un total de 254 ciudadanos y ciudadanas en 173 audiencias preliminares.

Por su parte en el estado Cojedes hubo 16 audiencias en la que fueron atendidas 44 personas; en el estado Falcón 86 audiencias celebradas para un total de 161 detenidos atendidos; en el estado Guárico 242 audiencias en las que recibieron atención 427 ciudadanos y ciudadanas; en el estado La Guaira hubo 50 audiencias preliminares en la que se atendieron a 92 personas.

Asimismo, en el estado Lara 39 audiencias y atendidas 56 personas; el estado Monagas efectuó 110 audiencias y atendió a 151 detenidos; en el estado Bolivariano de Nueva Esparta 16 audiencias y atendidas 26 personas; Trujillo llevó a cabo 47 audiencias en las que atendió a 72 personas; Yaracuy desarrolló 18 audiencias en las que atendió 25 personas, mientras que en el estado Zulia 69 audiencias celebradas y atendidos 97 ciudadanos y ciudadanas.

En todas las audiencias preliminares, los jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales, personal policial, los detenidos y las detenidas, así como el resto de los miembros del Sistema de Justicia, cumplieron de forma rigurosa con la normativa de bioseguridad e higiene establecida en las seis resoluciones aprobadas por la Sala Plena del Máximo Juzgado del país, con el uso obligatorio de tapabocas, guantes y la desinfección permanente de las áreas de trabajo.

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